Para la Suprema Corte (2+2=5) puede ser constitucional

Alfredo Acle Tomasini comenta sobre lo sucedido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la Acción de Inconstitucionalidad del predial 2017, cuyo dictamen no favoreció a la ciudadanía.

Imaginen que seleccionamos a nueve estudiantes de secundaria para que, en veinte minutos, encuentren las razones que explican porque la tarifa del impuesto predial establecida en el Artículo 130 del Código Fiscal de 2017 de la Ciudad de México provocó, con respecto al año anterior, incrementos en el predial sensiblemente superiores al 3.99%, que fue el porcentaje fijado por la Ley de Ingresos para aumentar las cuotas y contribuciones.

Probablemente, la mayoría de ellos identificaría los dos errores que explican dichas diferencias: 1) Las columnas de los rangos que sirven para clasificar a los inmuebles según su valor catastral no se incrementaron en 3.99% y, 2) Las tasas aplicables a las diferencias entre el valor catastral de los inmuebles y el valor inferior de cada rango se aumentaron, erróneamente, en 3.99%

Pero, en apenas veinte minutos, siete de nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia resolvieron que, pese a su obviedad aritmética, no había tales errores. Salvo la ministra Norma Lucía Piña que sí los señaló, aunque sus argumentos no tuvieron ninguna trascendencia en una sesión apática, sin casi intervenciones, que pareció un mero trámite para sellar un asunto planchado con antelación.

En efecto, después de once meses desde que se presentó la Acción de Inconstitucionalidad relativa a varios artículos del Código Fiscal, el ministro Pardo Rebolledo propuso al Pleno celebrado 28 de noviembre, un proyecto que, además de ignorar los errores mencionados, también argumentó a favor de la retroactividad del nuevo factor de descuento por antigüedad de las edificaciones que pasó de 1% a solo 0.8% anual, porcentaje que misteriosa y espontáneamente se modificó respecto al proyecto enviado por el jefe de Gobierno en diciembre de 2016, sin que en la Asamblea hubiera mediado algún debate al respecto.

El efecto combinado de los errores en la tarifa y la retroactividad en el nuevo factor de descuento, hicieron que el impuesto predial de miles de capitalinos se incrementara entre 9% y, en casos extremos, más 1,000% como sucedió principalmente con contribuyentes que, por considerarse población vulnerable, gozaban antes de cuota fija.

Dichos aumentos, muy lejanos del 3.99% aprobado en la Ley de Ingresos de 2017, explican porque al mes de junio, la recaudación por este impuesto creció 13.8% con respecto al año anterior y que incluso haya sido 11.3% superior al monto presupuestado para ese período.

Quienes estuvimos atentos a este asunto pensamos en algún momento con cierto optimismo, sino es que ingenuamente, que al ser tan evidentes los errores en el Código Fiscal y fácil su comprobación, esto sería suficiente para que la Suprema Corte declarará procedente la Acción de Inconstitucionalidad que llevaría a corregirlos y a resarcir a los causantes. Nos equivocamos estrepitosamente. Quizá la justicia sea ciega, pero probablemente no sea sorda.

Si la Acción de Inconstitucionalidad hubiera prosperado, Mancera habría sufrido un grave descalabro político en un momento harto inoportuno para él; justo en el albor del proceso electoral.

¿Por qué?

1.- Porque la Acción de Inconstitucionalidad la planteó el partido MORENA con el apoyo del Verde y, por ende, si esta prosperaba sería para el primero un triunfo importante que de inmediato capitalizaría políticamente en su carrera para hacerse del gobierno de la Ciudad.

Cabe aclarar al lector, que el suscrito no es miembro, ni simpatizante de dichos partidos y de ninguno otro, pero debo reconocer que en el asunto del predial de la Ciudad de México fueron los únicos que se hicieron eco de los reclamos de los ciudadanos, mientras que el PAN, a pesar de escucharlos y conocer a detalle toda la evidencia numérica, dado que preside la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, decidió cínicamente jugar el papel de comparsa del PRD.

2.- Porque si la Suprema Corte resolvía a favor de la Acción, se haría evidente la ineptitud del equipo cercano de Mancera o sus estrategias tramposas para tomar del bolsillo del ciudadano más recursos de lo autorizado por la Ley de Ingresos. Peor aún, hubieran tenido que devolver o, al menos, bonificar en 2018 los montos cobrados en exceso. Hecho nada oportuno a la luz de los constantes lloriqueos del jefe de Gobierno respecto a la falta de apoyo financiero por parte del Gobierno Federal.

3.- Porque al mismo tiempo que ocurrió el predialazo, Mancera ordenó al consejero jurídico de su gobierno, que promoviera, usando su cargo y los recursos de la Ciudad, amparos en contra del gasolinazo, es decir contra una acción del Gobierno Federal que a la postre, salvo para hacerse propaganda, resultaron inútiles, por lo que de haber salido adelante la Acción de Inconstitucionalidad hubiera hecho un ridículo monumental.

4.- Porque habría sido un triunfo para quienes han levantado la voz para denunciar que los incrementos abusivos del predial se usan como punta de lanza, para desplazar a población de bajos recursos de zonas donde más adelante se construye vivienda para grupos de ingresos medios y altos.

Queda para el cotilleo especular si Mancera cruzó la avenida Pino Suárez para apersonarse en la Suprema Corte de Corte de Justicia y, más aún, sobre cuales podrían haber sido los argumentos que puso sobre la mesa para hacer valer su posición. Pero lo que recién hemos sabido es que, en los hechos, el jefe de Gobierno ha reconocido el error que cometió el año pasado al elaborar la tarifa del Impuesto Predial, porque ahora sí, en el Artículo 130 del Código Fiscal de 2018, se aumentan en 5.5%, que es el porcentaje de incremento propuesto, solo los rangos y la cuota fija de la tarifa del predial, que fue justo lo que organizaciones ciudadanas como Suma Urbana, reclamaron y expusieron a  diputados de la Asamblea Legislativa y a los ministros de la Suprema Corte.

Desde luego que este reconocimiento tácito de lo que se hizo mal, no les devuelve a cientos de miles de ciudadanos el dinero que, al amparo de un error burdo avalado por la Suprema Corte de Justicia, pagaron de más al erario capitalino y, menos aún, nos alienta a pensar que esta sea una especie de oasis en el paramo político en el que está sumido el País.

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