#PREDIALAZO

 

El próximo martes 21 de noviembre sesionará el pleno de la SCJN, el asunto del Predial esta en tercer lugar de la jornada de trabajo. Convendría recordar que el pasado mes de febrero se logró interponer una Acción Inconstitucional por los partidos Morena y Verde Ecologista, alegando una falta a los principios de Legalidad, equidad y proporcionalidad ante el aumento excesivo del impuesto predial.
#TODOSPENDIENTES

La semana próxima se discutirá en el Pleno, la Acción de Inconstitucionalidad 07/2017 relativa al Impuesto Predial de la Ciudad de México de 2017, cuya eventual resolución repercutirá de inmediato —para bien o mal—, en el bolsillo de cientos de miles de ciudadanos de la Capital que pagan, directa o indirectamente, dicho gravamen.

 

No tiene caso repetir ahora los argumentos jurídicos que están expuestos con detalle en la Acción de Inconstitucionalidad, pero sí deseamos reiterar que su origen obedece a errores aritméticos básicos cometidos por el Gobierno de la Ciudad al momento de elaborar la tarifa del Impuesto Predial que establece el Artículo 130 del Código Fiscal de 2017 y, a la aplicación retroactiva del nuevo factor de descuento al valor catastral por antigüedad que revaloró casi la totalidad de los inmuebles, sobre todo los más antiguos.

 

La suma de ambas provocó incrementos en el Impuesto Predial que oscilan entre 9 y más del 1000% porcentajes muy superiores al 3.99% que la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta la difícil situación económica del País, estableció en la Ley de Ingresos de 2017. Cabe destacar que los mayores aumentos los sufrieron personas consideradas en situación vulnerable, porque sus bienes inmuebles pasaron de un rango de cuota fija a otro donde se aplica una cuota mínima y un porcentaje sobre una porción del valor del inmueble.

 

Con base en lo anterior, los ciudadanos exigimos que la Ley de Ingresos de 2017 se aplique cumpliendo cabalmente con los preceptos que la Constitución establece en materia fiscal. Para ello, es indispensable elaborar de manera correcta la tarifa del Impuesto Predial que establece el Artículo 130 del Código Fiscal y aplicar el nuevo factor de descuento por antigüedad solo a partir de 2017.

 

Vale destacar que nuestra petición no representaría ningún quebranto para las finanzas públicas de la Ciudad de México, porque la Ley de Ingresos de 2017 solo previó un aumento en las tarifas y cuotas de las contribuciones de 3.99%. En cambio, el hecho de que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y el Gobierno de la Ciudad hayan ignorado desde la publicación del Código Fiscal, las peticiones para corregirlo en su Artículo 130, ha permitido ingresar al erario de la Ciudad recursos extraordinarios, producto de una tarifa elaborada con errores que aplica como el que hace uso de una báscula mal calibrada en perjuicio de sus clientes. Basta mencionar que al mes de junio de 2017 el monto recaudado a través del impuesto predial creció con respecto al año anterior 13.8%, y que incluso fue 11.3% superior al monto presupuestado para el ejercicio*.

 

Cuando, por la vía política, los Poderes Ejecutivo y Legislativo se amalgaman, como sucede en la Ciudad de México, su función de contrapeso se transforma en un tándem que trabaja en contra de los intereses de la sociedad civil. El apego a la ley y el interés ciudadano pasan a segundo plano. Se propicia una cultura de ilegalidad que apuesta al olvido, a la tardanza en la impartición de justicia, a la caducidad de leyes de vigencia anual y, finalmente, a que los ciudadanos, por fatiga, deserten de sus causas y abandonen sus reclamos.

 

Ante esta situación que afecta muchos aspectos de la Ciudad de México, en especial su desarrollo urbano, se han formado cientos de organizaciones sociales para defender los derechos del ciudadano. Por esta razón, Suma Urbana acude a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle que restituya la legalidad, la proporcionalidad y la equidad del Impuesto Predial de 2017 y así les evite a cientos de miles de capitalinos un daño económico.

 

Nuestros servidores públicos al asumir su cargo protestan guardar y hacer guardar la Constitución. Nos corresponde a todos recordarles este juramento.

Fuente: Suma Urbana

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