Aumentar la denuncia – Acabar con la Impunidad

Les invitamos a leer la editorial de Ana Laura Magaloni Kerpel en el Diario Reforma, quien plantea un rediseño institucional para mejorar el sistema.
Nuevas Miradas

22 Jun. 2019

Llevamos tiempo con el mismo diagnóstico: en México, a nivel nacional, sólo se denuncia 1 de cada 10 delitos y de esas denuncias, sólo en 1.3% las procuradurías/fiscalías logran vincular a proceso a un presunto responsable. Ello no ha cambiado en dos décadas. Quizá es momento de mirar de nuevo los viejos problemas.

Veamos el problema a ras de tierra. La Unidad Habitacional Ermita Zaragoza (UHEZ) es un barrio en Iztapalapa de 28 mil habitantes. Es una de las colonias más violentas de la CDMX. Todos los días suceden delitos graves: asaltos, violaciones, homicidios, heridos de bala, etcétera. En ese barrio existen muchas pandillas que realizan actividades ilegales: drogarse en el espacio público, vender cosas robadas, acosar a las chavas, pero sólo algunas de esas pandillas son realmente peligrosas. Unos cuantos son los que venden armas, secuestran, matan, venden droga al mayoreo y tienen a todos los habitantes de la UHEZ asolados por el miedo. Todos en la UHEZ saben quién es quién, de ello depende en buena medida su precaria seguridad. También saben, muchas veces, quién mato a quién y por qué. Sin embargo, esa información no se la dan a la policía: temen a las represalias de los grupos violentos y no confían de qué lado está la policía. Por la misma razón, tampoco denuncian los delitos que padecen. Por su parte, la policía del cuadrante también conoce bastante bien lo que sucede en la UHEZ, pero su trabajo no es perseguir a los delincuentes. Ello le toca a la Procuraduría. Me queda claro que los canales de comunicación entre la ciudadanía, la policía y la PGJ están rotos. Ello explica una parte importante de la tasa de impunidad.

La segunda parte del rompecabezas de la impunidad tiene que ver con los métodos de investigación que existen en nuestras procuradurías. El método de «integración de averiguaciones previas» del viejo sistema penal quedó prácticamente intacto en el nuevo sistema. Las carpetas de investigación se «integran» con un método en donde el MP solicita una lista de diligencias, más o menos igual según tipo de delito, y las anexa a la carpeta. Es un trabajo centralmente administrativo. Nada tiene que ver con armar un rompecabezas delictivo. ¿Cómo el MP desde su escritorio, solicitando diligencias, va a tener una idea de lo que sucede en la UHEZ? Me queda claro que uno de los problemas clave de nuestro diseño institucional es que el trabajo de los detectives y el de los fiscales no está claramente diferenciado y ello explica una buena parte de la baja eficacia institucional.

Para que en la UHEZ se lograra acusar y sancionar a los grupos delictivos más violentos, lo primero que tendría que suceder es que ello no dependiera de que exista una denuncia, porque nadie la va a presentar. Se deberían poder iniciar investigaciones de oficio. Este es un tema controvertido en términos jurídicos, pero las normas y sus interpretaciones pueden cambiar. Lo más complejo es lograr que se haga un trabajo conjunto entre Policía Preventiva, Policía de Investigación y MPs para tener los elementos fácticos y probatorios para proceder contra los más violentos de la UHEZ. El MP debería ser quien supervise que el trabajo de las policías no viole derechos humanos y sea sólido en términos probatorios y jurídicos, para que no se le caiga el juicio.

Estoy convencida de que para mejorar el desempeño de nuestro sistema de procuración de justicia se necesita redefinir los roles y responsabilidades de todos los actores del sistema, particularmente de Policía Preventiva, Policía de Investigación y MP y, a la vez, utilizar los recursos de las dos instituciones (Policía y Procuraduría) de forma estratégica y proactiva. Primero hay que detectar a los grupos delictivos más violentos, recabar toda la información y evidencia, y acusarlos ante un juez. Sólo así, me parece, los habitantes de la UHEZ podrán sentirse protegidos por sus autoridades. Y ello, posiblemente, no se mida con el número total de denuncias y de judicializaciones, sino con la relevancia e impacto de los casos resueltos.