Descalifican perfiles anticorrupción

Fuente: Reforma, 11 de enero de 2018

Organizaciones de la sociedad civil, comités ciudadanos y personalidades ciudadanas descalificaron los perfiles enviados por el Jefe de Gobierno como candidatos a Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), de la Sala Superior de este tribunal y de las Salas Ordinarias Jurisdiccionales Anticorrupción.

Los 13 candidatos tienen conflictos de interés, antecedentes penales o falta de estudios necesarios para el puesto, además de que, acusaron las organizaciones civiles, son parte de cuotas de grupos locales en el poder.

Alejandro Delint García, propuesto para la Sala Superior Jurisdiccional y actual Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señalan, fue inhabilitado en 2002 del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, del que era director de Adquisiciones y Servicios Generales, por un pago irregular de 2.4 millones de pesos a un particular.

Ricardo Amezcua Galán, también propuesto a la Sala Superior, es acusado de ser cuota del coordinador del PAN en la ALDF, Jorge Romero, al que sustituyó como Delegado de Benito Juárez, lo mismo que Luis Sánchez Caballero, secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, presidida por el diputado Leonel Luna; Ángel Aguilera Martínez, coordinador de asesores de Yazmín Esquivel, presidenta del Tribunal de lo Contencioso y Salvador Frausto Navarro, Director Jurídico y de Gobierno en Coyoacán con Mauricio Toledo.

Si a dichos personajes se les encarga combatir la corrupción, señala la misiva, entrarían en conflicto de interés al evaluar las gestiones de sus allegados.

Frausto Navarro a su vez no cumple con tener Cédula Profesional en la materia con cinco años de antigüedad, ya que se tituló en 2016.

Organizaciones como Congreso Nacional Ciudadano, Ruta Cívica, Green Peace México, Suma Urbana y La Voz de Polanco cuestionan además la capacidad de gestión de personajes como Salomón Baltazar Samayoa, quien fue jefe de Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Gobierno federal en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y de Perla Gómez, ex titular de la CDHDF.

Las organizaciones solicitan a las comisiones de la ALDF que se organice un calendario de comparecencias públicas para que se valoren los perfiles con la máxima transparencia, como aprobaron los propios diputados que se llevaría el proceso del Sistema Local Anticorrupción.