El hecho de que desaparezca este corrupto Instituto, INVEA, no garantiza que las verificaciones se lleven a cabo con la certeza de que no habrá corrupción.
La propuesta del PAN, a través de la diputada Gaby Salido, es que los verificadores estén controlados por la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la CDMX, no sólo la verificación sino también la substanciación de los casos. Además, devuelve la verificación al transporte público a la SEMOVI.
Los diputados ya deberían de estar trabajando en esta legislación para atacar todas la lagunas al respecto de las verificaciones y establecer sanciones de cárcel para aquellos funcionarios públicos que se coludan la corrupción inmobiliaria y de establecimientos mercantiles.
Reforma
Propone PAN extinción del Invea
Israel Ortega
Cd. de México (11 diciembre 2018).- El grupo parlamentario del PAN presentó en el Congeso capitalino la propuesta para abrogar la Ley del Instituto de Verificación Administrativa y extinguir al mismo Invea.
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La diputada del PAN, Gabriela Salido, expuso en tribuna que esta propuesta de decreto prevé eliminar al Instituto para dar estas facultades a las alcaldías, como lo mandata la Constitución de la Ciudad.
«En general existe en los ciudadanos la percepción de que los procedimientos que lleva a cabo (el Invea) son excesivamente complicados y burocráticos», expuso la diputada este martes en la sesión ordinaria del Congreso.
«Tiene en esencia el objetivo de darle vida a nuestra Constitución local, pretende materializar la reforma política dotando de fuerza independencia y sobre todo confianza a las alcaldías». La abrogación de la Ley, expuso la congresista, prevé que las facultades sean exclusivas de las alcaldías.
Asimismo, la diputada expuso en tribuna que el Instituto recibe cuantiosos recursos y que no ha generado los resultados necesarios para la Ciudad.
El proyecto prevé que la Jefatura de Gobierno asigne a las alcaldías los recursos para que los verificadores del Invea sean reubicados en las mismas, una vez desaparezca el Instituto, en un plazo no mayor a 20 días tras la publicación del decreto.
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