Ley de Comercio Informal y/o trabajo no asalariado

Actualmente se están presentando iniciativas para aprobar una Ley que regularice y reconozca el comercio informal, es decir, a los ambulantes o como lo llaman al trabajo no asalariado.


Se han presentado dos iniciativas, una de la líder de ambulantes, Diana Sánchez Barrios y otra del diputado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos Temístocles Villanueva Ramos.


Ambas propuestas plantean la regularización del comercio en vía pública, quizás la gran diferencia es que la de Sánchez Barrios plantea que se reconozca a los gremios mientras que la del Diputado establece que los permisos serían solicitados y otorgados por las alcaldías a solicitud del particular y no a través de líderes de organizaciones como sucede ahora.


La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 10 Apartado A, numeral 13 dice lo siguiente: «Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley con la participación de los propios trabajadores».


En la propuesta de la Lider Sánchez Barrios se pretende otorgar el espacio público a estas personas a cambio del cobro, como siempre ha sucedido, del espacio en vía pública. Algo similar propone el Diputado con lo que el llama «aprovechamientos».  Si bien la Constitución plantea el derecho al trabajo, también se plantea el derecho a la ciudad y al espacio público. No se estaría violando el derecho que tenemos todos al espacio público, al ser invadido por el comercio informal. Qué dirán los comerciantes formales ¿no es una falta de equidad?

 
Las propuestas de Ley tendrían que estar fundamentadas en estudios reales en dónde se establezca cómo se obtienen las mercancías y se distribuyen. Muchos sabemos que quienes día a día despachan en estos puestos son empleados de productores, importadores y distribuidores que sólo les falta el personal que despache en el puesto.

 
Esto afecta la economía nacional, es un arma de dos filos pretender regularizar lo que se ha desvirtuado y ya no es una comercio de subsistencia.


Las iniciativas tendrían que contar con candados verdaderos para que quienes están lucrando con el espacio público, no sean ahora protegidos por el estado. Además de dejar de ser presas del clientelismo político.


Al final, la discusión de fondo es lo formal y lo informal, la subsistencia o el lucro. La Constitución habla de zonas especiales de comercio y cultura popular, lo cual nos llevaría a pensar a la «formalización» de este tipo de economía, en donde se paguen derechos y puedan recibir prestaciones. La inserción a la economía debería ser el objetivo de la ley para poder dar cumplimiento a sus derechos humanos.


Reforma 

Buscan regulación directa con ambulantes

Israel Ortega
Cd. de México  (06 septiembre 2019).- Una iniciativa que busca regular el trabajo no asalariado prevé que las alcaldías emitan las licencias para el uso de la vía pública tanto a comerciantes como músicos callejeros y otros prestadores de servicios, sin intermediarios o la intromisión de organizaciones de ambulantes.

Por ello, el congresista de Morena Temístocles Villanueva, quien impulsó esta propuesta, abundó que los ingresos por estos permisos, los cuales deberán exhibirse en cada puesto, servirán para mejorar y regular las zonas donde están establecidos los comerciantes.

«Todos tenemos un derecho constitucional a organizarnos, eso no lo podemos desconocer, pero creemos que el trabajador debe tener la relación directa con el Gobierno y no a través de una organización.

«Estas licencias pueden estar exentas de pago a las personas que pertenecen a algún grupo prioritario y también estamos planteando la posibilidad de un sistema de seguridad social que pueda ser cubierto con los propios ingresos del pago de licencias de los comerciantes», explicó Villanueva.

Los puestos serán de hasta 1.20 por 1.80 metros y no deberán afectar mobiliario urbano ni obstruir inmuebles o espacios peatonales.

Además, los beneficiarios de las licencias deberán tener capacitación en protección civil, no podrán ceder sus licencias y éstas tendrán una vigencia de 5 años a partir de la expedición.

La iniciativa será discutida en el Congreso capitalino como una de las leyes reglamentarias de la Constitución que los diputados deben aprobar en este periodo de sesiones.