A partir del análisis de la iniciativa de la Ley de Reconstrucción enviada por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, alertamos a los vecinos, y especialmente a las personas afectadas en su patrimonio por el sismo del 19 de septiembre, que dicho instrumento representa un plan de negocios que favorece al #CartelInmobiliario.

Bajo la premisa de un pretendido beneficio social, como está planteada la iniciativa y de acuerdo a la experiencia vecinal de los últimos años, beneficia esencialmente a los desarrolladores, utilizaría fondos y predios públicos, permitirá evadir la Ley y los programas delegacionales de desarrollo urbano, otorgando beneficios fiscales, financiamiento con donaciones, exentando de trámites a las constructoras, con un manejo discrecional de la información al no hacerla pública, además de no presentar un diagnóstico y plan de reconstrucción con datos abiertos, excluyendo la participación de la ciudadanía y los afectados.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto parte de información general de la ciudad y proporciona solo unos cuantos datos sobre el sismo, los cuales no permiten un análisis completo, aunque sí resalta la necesidad de reactivar la economía. Habla también de crear un fideicomiso donde se consoliden todas las donaciones y recursos públicos, otorgando créditos destinados a vivienda y negocios. Se podrán vender terrenos que pertenecen al patrimonio público de la CDMX para desarrollos inmobiliarios que se inscriban al programa.

La perversa “buena fe”

El principio de los trámites será “de buena fe”, lo que permitirá inclumplir la ley al dispensar a las autoridades la obligación de verificar la veracidad de lo que declaran los interesados en reconstruir. Se crea la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación que es la que validará las operaciones inmobiliarias y los fondos, además de que su aval es requisito indispensable para demoler y construir, es decir, habrá discresionalidad en todo el proceso.

Los beneficios van dirigidos al sector inmobiliario con alto poder de inversión, utilizando además los fondos y recursos destinados a los damnificados del sismo, lo que redundará en un gran negocio, pues el inversionista podrá además construir hasta 35% más pisos, superficie o número de viviendas, respecto a lo que había antes de que se demoliera, de manera que si la edificación previa era ilegal porque tenía más niveles, el 35% adicional

se erigirá sobre el número ilegal de pisos, que además también podrá hacerse en los que solo se refuercen, es decir, se podrán agregar más pisos a edificios dañados.

Peor aún, se restringiría el espacio a los habitantes anteriores pues para poder construir más viviendas, se plantea disminuir la superficie de las viviendas existentes antes del sismo, mientras las nuevas podrán tener una superficie mayor.

Adicionalmente, el Gobierno obliga a demoler, previa notificación en el predio y Gaceta Oficial, cuando el dictamen producido oficialmente así lo indique; si el propietario no puede hacerlo, el Gobierno lo hará cubriendo el costo y no requerirá tramitar una Licencia Especial de Demolición ante la delegación.

El decreto, de aprobarse, otorgará facilidades administrativas, fiscales y de financiamiento a todos los inmuebles que los DRO’s y Corresponsables en Estructuras de SEDUVI clasifiquen como inhabitables, lo que abre la puerta a abusos en el proceso, pues por medio de una gratificación al DRO –única instancia facultada para emitir dictamen— podrían enlistarse edificios que no necesariamente tengan esa condición.

Por otra parte, la Ley establece que los inmuebles que pueden obtener el beneficio de adicionar 35% de niveles de construcción, viviendas o superficie son aquellas que requieran refuerzo estructural u otras reparaciones. Cuando la ley determina que se trata de otras reparaciones deja la puerta abierta para que cualquier edificio que haya sufrido una afectación mínima o insignificante pueda aumentar los niveles de construcción, situación que elimina de facto la aplicación de los programas delegacionales de desarrollo urbano en toda la Ciudad de México.

Lo anterior permitiría al sector inmobiliario apropiarse de predios de alta plusvalía, lo cual representa un mecanismo de despojo a quienes los habitaban, y con las facilidades en trámites expuestas arriba, puede preverse que el capital inmobiliario inicie en lo inmediato una puja por adquirir edificios presuntamente afectados por el sismo.

Discrecionalidad y facilidades para violar leyes actuales

Asimismo, se da carta abierta a evadir los programas delegacionales de desarrollo urbano, lo que resulta absurdo, ya que en muchos casos el incumplimiento de los mismos derivó en derrumbe de edificios y pérdida de vidas tras el sismo.

El Capítulo Octavo indica las exenciones y facilidades administrativas para quienes construyan vivienda de reposición. Se otorgarán créditos con tasas preferenciales. En general, las dependencias y delegaciones otorgarán facilidades administrativas en trámites y pagos de derechos. Los proyectos menores a 10,000 m2 no requerirán factibilidad de agua ni estudios de impacto urbano, ambiental y de movilidad. Tendrán exención del pago de derechos e impuestos, además de que se les eximirá del requisito de máxima publicidad de los proyectos de vivienda; en síntesis, habrá inversión de recursos públicos para que el sector inmobiliario obtenga jugosas ganancias.

Por lo anteriormente expuesto, las organizaciones y vecinos que suscribimos el presente comunicado EXIGIMOS a la ALDF desechar la iniciativa del Jefe de Gobierno e iniciar de

inmediato un plan de reconstrucción de la mano de la ciudadanía, los damnificados y especialistas independientes, con base en el Atlas de Riesgo, respetando los programas delegacionales de desarrollo urbano vigentes, bajo el enfoque del Derecho a la Ciudad, con los recursos públicos y de donaciones concentrados en un fideicomiso público auditable, vigilado en su aplicación por una comisión ciudadana propuesta por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s) independientes.