Residentes de la Delegación Miguel Hidalgo expresaron su enojo, debido a los juicios de nulidad otorgados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y en nombre de Yazmín Esquivel, magistrada que desde hace varios años, permite irregularidades a favor desarrolladores, empresarios y ambulantes.
Las quejas de los vecinos, van encaminadas a que la Delegación suspende construcciones que no cumplen con los requerimientos, pero como ellos afirman, al día siguiente ya cuentan con un juicio de nulidad.
«Estamos en una trampa porque por más que la Delegación cumpla con su deber ante la denuncia y la presión ciudadana no hay manera porque llegan a Tribunal, inician un juicio de nulidad y le brinda la suspensión inmediata, aparte, con absurdos», enfatizó Mayte de las Rivas, representante de la Asociación La Voz de Polanco.
Uno de los casos que más causó molestias entre los habitantes, es el The Wild Oscar, en Lamartine 516, declarado por la Delegada Xóchitl Gálvez como hotel en una zona con uso de suelo habitacional, y que fue suspendido, pero ahora, por el TCA, volvió a operar. Los magistrados que permitieron que la operación del sitio continúe fueron Julio César Vázquez Cruz y Jorge Rodríguez Durán, según fuentes del Tribunal.
Foto: Yasmin Esquivel Mossa, Magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UNA ALIANZA PARA LA CORRUPCIÓN
Las decisiones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo están perjudicando la planeación urbana y favoreciendo la impunidad.
Como ejemplo, desde el 2013 se cometió una grave afectación a los ciudadanos del poniente aledaños a la Supervía. Siendo ya presidenta del TCA, Yazmín Esquivel Mossa frenó un juicio de nulidad contra la construcción de la Supervía Poniente, en donde su esposo, José María Rioboó, era proyectista de los segundos pisos.
Desde 2011, vecinos afectados interpusieron un juicio en el Tribunal y para 2013 todavía no se dictaba sentencia, para ese entonces la obra ya estaba terminada y operando.
En 2015, antes de su ratificación en la ALDF, diversos grupos ciudadanos denunciaron el trafico de influencias y conflicto de interés de la Magistrada, sin embargo fue ratificada, bajo el cobijo del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y la ALDF. Ciudadanos documentaron casos como la Torre Mitikah y el Colegio Westhill pero las evidencias quedaron en el aire.
El modus operandi es otorgar juicios de nulidad que permiten seguir construyendo hasta terminar y luego resulta que ya existe un tercero perjudicado, después poco se puede hacer para exigir la demolición de niveles no permitidos. Lo mismo funciona con establecimientos mercantiles «restaurantes» que flagrantemente violan el uso de suelo y tienen irregularidades en su funcionamiento.
En redes sociales, usuarios utilizaron el HT #Magistraficante para referirse a la Magistrada.
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