Ciudadanos y organizaciones sociales, el año pasado hicieron patente que en el cálculo del predial no habían sido modificados en la Tabla de Tarifas de este impuesto, los rangos inferior y superior, lo cual afectaba a los propietarios en incrementos hasta del 4,500% en algunos casos al cambiar de rango. Nos dimos a la tarea de cabildear para que diputados de la ALDF presentaran una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. El falló emitido por esta no nos beneficio.

Ahora el Diputado panista, presidente de la Comisión de Hacienda, Andrés Atayde, nos da la razón al decir que al incrementar con el factor inflacionario del 5.48% los rangos inferior y superior de la Tabla,  más de 33 mil hogares de capitalinos se verán beneficiados al regresar a los rangos que tenían antes del predialazo del año pasado reduciendo el pago de su predial. Lo más patético de este es que admite que durante casi diez años no se han modificado estos rangos, viéndonos la cara a los ciudadanos.

El ejemplo que da es el del rango D, el último de los que cuenta con cuota fija baja, pasó de tener un límite inferior de 650 mil 963.57 pesos y superior de 976 mil 444.7 pesos, a 686 mil 636.37 y de un millón 029 mil 953.87 pesos.

El «Súper Heroe Atayde» afirma que era una deuda pendiente con los capitalinos, como se nota que es año electoral.

Fuente: Reforma

Revisa la lista de los candidatos, si tienes información negativa de alguno de ellos, háznosla saber, la intención es dar opinión al respecto de esas candidaturas junto con otras organizaciones sociales.

Fuente: Capital CDMX 29 de diciembre de 2017

En la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) se prepara un periodo extraordinario de sesiones en enero para nombrar a 23 magistrados anticorrupción que conformarán salas especializadas, ordinarias y jurisdiccionales del Tribunal de Justicia Administrativa local. Los nombres están palomeados y en la lista se contempla a polémicos aspirantes como la ex titular de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Perla Gómez Gallardo.

Capital CDMX cuenta con la lista de los 23 aspirantes que el Jefe de Gobierno propuso a la ALDF para que, en cumplimiento con la legislación que creó el Sistema Anticorrupción de la Ciudad, se realicen los nombramientos. Destaca que en ese listado se planteaba como fecha el 23 de diciembre de 2017, es decir, la semana pasada, para que los ciudadanos interesados hicieran llegar a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del órgano legislativo elementos de juicio para la designación de los candidatos.

Fuentes de la propia ALDF confirmaron que el tema ya no se pudo procesar en diciembre, pues los legisladores estaban ocupados en la aprobación de las cuatro leyes orgánicas de la Constitución local y el Presupuesto 2018 para la Ciudad, además de que el periodo ordinario de sesiones concluyó el día 23. Así, se decidió trasladar la designación de los magistrados a enero, por lo cual se modificarán las fechas establecidas.

La Sala Especializada

El listado de los aspirantes que remitió el Jefe de Gobierno a la ALDF comienza con la propuesta de candidatos a magistrados de la Sala Superior Especializada en Anticorrupción. Ahí aparece Ernesto Schwebell Cabrera, nombrado en 2014 como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así como Arturo González Jiménez, también magistrado del Tribunal de lo Contencioso, quien en mayo de 2016 fue señalado por el delegado en Xochimilco, Avelino Méndez Rangel, de haber revertido la clausura de una tienda Chedraui en el pueblo de Tulyehualco, a pesar de que la sala quinta de la propia institución había ordenado reposición de sellos.

El tercero en esa lista es Salomó Baltazar Samayoa, quien se desempeñó como subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas en la Procuraduría capitana, además de fiscal para la Investigación de Delitos sexuales; así como fiscal en Azcapotzalco, Tlalpan y Cuauhtémoc.

Pero su cargo más relevante y quizás más polémico fue el de jefe de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) creada por el actual gobierno federal a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con el portal Sin Embargo, Samoyoa Salomón estuvo envuelto en un conflicto de intereses en 2003 cuando su hermano Ignacio, fue detenido por agentes de la policía preventiva como presunto responsable de los delitos de robo, allanamiento de morada y portación de arma de fuego. Aquella ocasión, el Centro de Información Policial de la SSP –donde Baltazar Samayoa laboraba- informó que Ignacio fue sorprendido en el tercer piso del edificio con el número 1004, en el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la colonia Portales, donde trató de asaltar a Jorge Rojas Villaseñor.

En el momento del arresto, el detenido dio a conocer su parentesco con el funcionario de la Procuraduría capitalina y lo utilizó como argumento para quedar en libertad. En ello se mantuvo al ser presentado ante la 31 agencia investigadora del Ministerio Público. Quedó libre, pero fue detenido de nuevo al siguiente año. Ingresado al Reclusorio Preventivo Norte quedó libre, durante la madrugada, tras pagar una fianza.

La Sala Superior Jurisdiccional

Para la Sala Superior Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa, el Jefe de Gobierno propuso a Alejandro Delint García, quien fungió como magistrado y presidente del Tribunal Electoral del DF. Este último cargo lo ocupó entre mayo de 2013 y octubre de 2014. En junio de 2010 el diario La Jornada consignó que, como magistrado electoral, Delint García, y su secretaria de Estudio y Cuenta, Marisela Rocha Soto, fueron acusados en un juicio laboral por animadversión y falta de imparcialidad y equidad. No obstante, en abril de 2015 la ALDF lo designó magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Para esta Sala Superior destaca la propuesta de magistrado que recae en Ricardo Amezcua Galán. En 2015 este personaje fue designado como jefe delegacional en Benito Juárez, en sustitución de su amigo y compañero panista Jorge Romero. Ese año Romero dejó el cargo de delegado para contender por el puesto que hoy ocupa como diputado del PAN en la ALDF, donde además es coordinador de la bancada.

Ricardo Amezcua es socio del despacho de Abogados Amezcua y Caballero S.C. Cuando en 2015 se desempeñaba como delegado, el entonces candidato del PRI a Jefe delegacional, Xiuh Tenorio, dijo que Amezcua Galán debía separarse del cargo al acusar que el entonces funcionario litigaba desde su despacho contra actos de autoridad de la delegación.

Amigos, compañeros y cuotas

La propuesta de aspirantes al cargo de magistrados en las Salas Ordinarias se compone de 15 nombres. Entre ellos destaca el de María de la Luz Mijangos Borja, quien se desempeñara como integrante de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF durante el gobierno que encabezó Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad. La mujer intentó ser titular del órgano interno de control de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), sin lograrlo. A últimas fechas laboró como asesora del consejero electoral Benito Nacif. Mijangos es esposa de Jaime Cárdenas Gracia, ex consejero del IFE y diputado constituyente de la CDMX por el partido Morena.

Para el cargo de magistrada de Sala Ordinaria aparece Perla Gómez Gallardo, la ex titular de la CDHDF. En octubre pasada, la ombudsperson intento repetir por cuatro años más al frente del organismo, sin embargo, la oposición de organizaciones, colectivos y ciudadanos vinculados a la defensa de los derechos humanos generó que los diputados locales la vetaran.

Los opositores a Gómez Gallardo acusaron que, mientras ella estuvo al frente de la Comisión de Derechos Humanos local imperó un trato selectivo, hubo un gran rezago en la resolución de expedientes, desatención a quejosos, así como un marcado acercamiento con el gobierno de la Ciudad.

En la lista está José Nicolás Albarrán García, quien se desempeñó como director de Gobierno en la delegación Coyoacán durante la administración que encabezó Heberto Castillo. En la Secretaría de Movilidad del actual gobierno capitalino es Director General de Transporte Particular.

Aparece como aspirante Alejandro Ramírez Rico, actual Procurador Fiscal de la Ciudad; así como Alejandro de Santiago Palomares Sáenz, socio fundador de la firma Mancera Tornero y Asociados S.C; director general del Instituto de Verificación Administrativa en 2014 y coordinador general del Fideicomiso de la Central de Abasto.

Cercana a Miguel Ángel Mancera desde la Procuraduría capitalina, en la lista de aspirantes se encuentra también Martha Laura Almaraz Domínguez, actual Subsecretaria de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad. Se ha desempeñado por más de 30 años en el Gobierno capitalino, destacando cargos en la Procuraduría General de Justicia como Oficial Secretario del Ministerio Público, Agente del Ministerio Público, Delegada de la Procuraduría, Fiscal de Investigación y de Procesos, Subprocuradora de Procesos, entre otros.

En el periodo 2013-2014, fungió como Consejera Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Ha sido docente en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del DF y Coordinadora de la Academia de Derecho Penal-Electoral del Colegio de Profesionales en Derecho.

Otra cercana al Jefe de Gobierno desde que este era procurador es Viridiana Orozco Herrera, actual directora de Normatividad del Invea, quien antes laboró como secretaria auxiliar del Procurador capitalino entre 2010 y 2011, así como Enlace Jurídica de la dependencia entre 2011 y 2015. De los que fueron parte de la estructura en la Procuraduría también aparece Eduardo Humberto Cruz Arauz, que además de agente del MP fue encargado de la Agencia de la Fiscalía para la Atención del Delito de Trata de Personas en 2015.

Un perfil que destaca, pero no por su trayectoria en temas vinculados al Sistema Anticorrupción, es el de Salvador Frausto Navarro, quien ocupó la Dirección General Jurídica y de Gobierno en Coyoacán. Después, en el año 2015 ocupó el cargo de Jefe delegacional, como sustituto de su compañero y amigo Mauricio Toledo. Ese año Toledo dejó el cargo de delegado para buscar una curul en la actual Legislatura de la ALDF.

Otros perfiles que integran las propuestas son Yuri Pavón Romero, académico en la Facultad de Derecho de la UNAM; Karina Jardines Zamorano, secretaria auxiliar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre agosto del 2008 y abril del 2013, así como Ana Yadira Alarcón Márquez, integrante del Consejo de la Judicatura del DF y que laboró como secretaria técnica de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado de la República, así como directora general adjunta de Apoyo Jurídico Institucional en la Secretaría de la Función Pública. Alarcón fue diputada suplente de la legisladora panista Margarita Saldaña.

Salas Ordinarias Jurisdiccionales

La lista de aspirantes cierra con los candidatos a magistrados de las Salas Ordinarias Jurisdiccionales. Ahí figura Andrés Ángel Aguilera Martínez, coordinador de asesores, de Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF. Este aspirante ya se encuentra en el ojo del huracán por publicar en un portal de Internet un artículo de opinión en el que defiende la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, un tema que desde el punto de vista de organizaciones sociales vulnera los derechos humanos de los mexicanos.

Aquí aparece la propuesta a magistrado de Luis Gabriel Sánchez Caballero Rigalt, secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la ALDF que encabeza el perredista Leonel Luna. Siempre cercano a los perredistas, Sánchez Caballero ha colaborado desde distintos cargos con diputados locales de ese partido, como en su momento con Alejandra Barrales, aunque hoy se le ubica en el grupo político del legislador Mauricio Toledo.

Animal Político, 26 de diciembre.

Las policías estatales en México están en crisis. El número total de elementos con el que cuentan es apenas la mitad del mínimo que el país necesita y mucho menor del que la ONU recomienda. Además, más del 60% de los policías que sí hay no ha superado las pruebas del desempeño. A todo ello se suman condiciones laborales precarias: salarios bajos y prestaciones mínimas que no se conceden completas en ningún estado.

Un diagnostico oficial de las condiciones en que operan las 32 policías estatales del país, cuyos resultados acaban de hacerse públicos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestra que México necesita al menos de cinco año más para contar con el número total de policías que requiere. Hoy solo dos de los 32 estados cuentan con agentes arriba del estándar mínimo.

El estudio analiza las condiciones en que se encuentran las corporaciones policiales a través de 10 indicadores que representan los estándares mínimos con los que se debe operar de acuerdo a lo que marca la Ley Genera del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los propios acuerdos adoptados en el Consejo Nacional de Seguridad.

Esto de cara a un proceso de certificación de los policías del país que arranca en enero próximo y en donde la conclusión hoy es que apenas 1 de cada 3 policías estatales cumpliría con los requisito para obtener dicha certificación.

Pocos y de dudoso perfil

El diagnostico detalla que de acuerdo con los estándares internacionales, reportados por la Organización de las Naciones Unidas, el promedio de agentes de policía mínimo es de 2.8 elementos por cada mil habitantes. En México se ha establecido como una meta mínima realista que haya 1.8 policías por cada mil habitantes

Pero la realidad es que el país tiene hoy una tasa de policías estatales de apenas 0.8 agentes por cada mil habitantes. Esto derivado de que cuenta con 128 mil 922 policías estatales en activo, de los cuales 8 mil 921 ni siquiera deberían seguir operando porque están reprobados el control de confianza.

Lo anterior arroja un estado de fuerza real y legal de 120 mil 001 elementos estatales. “El país tiene la mitad de las policías preventivas estatales de los que como mínimo debería tener” indica el estudio.

El análisis del estado de fuerza a nivel entidad federativa es revelador. Solo Ciudad de México cuenta con una tasa de agentes policiales por encima del promedio mínimo: 4.2 agentes por cada mil habitantes. Luego Tabasco, que lo cumple apena empatándolo: un promedio de 1.8 agentes.

De ahí en fuera ningún estado llega a la meta. Los casos más críticos son los de Baja California donde apenas hay 0.3 elementos de policía por cada mil habitantes; luego Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Sonora con una tasa de 0.4 policías; mientras que Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa tienen apenas 0.5 policías por mil habitantes.

El número de policías no es el único problema. De los que si existen y están operando, apenas la tercera parte cumple con los cuatro componentes que exige la ley para obtener el Certificado Único Policial (CUP) que certifica que tienen las habilidades conocimientos y aptitudes necesarias para ser un policía.

En el tercer componente “formación inicial o equivalente”, el 76% de los policías estatales en activo cuentan con ella, mientras en el cuarto y más antiguo, que es “control de confianza aprobado y vigente”, el 93% de los policías estatales cumplen con el mismo.

En conclusión, en ninguno de los cuatro componentes se registra un avance del cien por ciento lo cual dificulta que se cumpla con el objetivo de tener para el 2019 al 100% del personal operativo acreditado con el CUP, como se estableció y publicó en el Diario Oficial de la Federación el  de septiembre de 2016.

Formación deficiente

De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada estado debe tener por lo menos una academia o institución de formación policial que cumpla con doce rubros mínimos de equipamiento e infraestructura.

Dichos rubros son aulas de trabajo, aulas de cómputo, sala de juicios orales, comedor, cocina, dormitorios suficientes para alumnos en pernocta, pista de pruebas físicas, salas con equipo audiovisual, servicio médico stand de tiro, área de entrenamiento, y explanada o pista de práctica vehicular.

El diagnóstico revela que aun cuando existen 39 academias en el país apenas seis de ellas cumplen con estos 12 requisitos mínimos y son las que se encuentran en Baja California, Chihuahua, Hidalgo, estado de México, Puebla y Sonora.

Los aspectos en donde hay mayor retraso son en cuanto a salas de juicios orales donde apenas 12 academias cuentan con dicho equipamiento, mientras que en el tema de pista o explanada vehicular solo son 16 academias que cumplen con este aditamento, y en cuanto pistas de prueba física apenas hay 18 escuelas con ellas.

El diagnóstico revela que con los institutos policiales con los que se cuenta actualmente tomará por lo menos cuatro años y medio el poder formar a los agentes que se necesitan tan solo para completar el estado de fuerza que hace falta y llegar a la tasa de 1.8 policías por mil habitantes estatales.

Mal pagados y con pocas prestaciones

Los policías estatales del país del rango más bajo deben percibir por lo menos un salario de 9 mil 933 pesos mensuales y contar con seis prestaciones laborales básicas, de acuerdos alcanzados en los consejos nacionales de seguridad. En este apartado también hay severos retrasos.

En cuanto al salario solo en 19 de las 32 entidades del país (menos del 60%) los policías estatales perciben un salario igual o mayor que el señalado como mínimo.

Los policías con el salario más bajo son los de Chiapas que ganan apenas cinco mil 391 pesos al mes, seguidos de los de Tabasco con un sueldo de seis mil 175 pesos y los de Hidalgo con seis mil 617 pesos. En cambio el estado donde están los agentes con el salario más elevado es Sonora donde ganan 13 mil 687 pesos cada 30 días.

Respecto a la seis prestaciones básicas: seguro de vida, servicio médico, crédito para vivienda, fondo de ahorro para el retiro, apoyo para familias de policías caídos, y beca escolares para hijos de agentes, el diagnostico evidencia que ninguna de las 32 entidades federativas cumple con dotar de ellas a la totalidad de sus elementos.

La prestación básica que menos se proporciona a los policías es la de becas para sus  hijos, pues apenas 16 estados, o sea la mitad, la contemplan para sus agentes estatales. La otra con mayor retraso es la de créditos para vivienda pues solo 22 entidades la proporcionan a sus policías.

Otra falencia importante es cuanto a las comisiones de Servicio Profesional de Carrera cuya labor consiste en reglamentar y organizar procedimientos de ascensos, catálogos de puestos, manuales de procedimientos en casos de irregularidades, reglas para sanciones, entre otros. Hay ocho estados que no cuentan con ella: Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Unidades especiales incompletas

El diagnóstico revelado por el Secretariado Ejecutivo también identifica faltantes en cuanto a tres unidades especiales con las cuales deben de contar las policías estatales, y que son obligatorias según diversos acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad

Una de ellas es la Unidad de Policía Procesal que requiere el sistema penal acusatorio. Apenas 24 estados cuentan con ella pese a que el nuevo sistema entró en vigor desde mediados de 2016.

Respecto a la Unidad de Operaciones Especiales que deben encargarse de acciones de alta complejidad  operativa y estar conformadas por agentes élite, apenas 22 estados cuentan con ella.

Y en el tema de la Unidad de Policía Cibernética son 26 policías estatales las que reportaron que la tienen en funcionamiento.

El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) llamó a los partidos políticos de abstenerse de colocar propaganda en postes o adosada a edificios de la Ciudad de México pues, se harán acreedores a multas hasta por 115 mil pesos por cada anuncio pues están «prohibidos»

Esto esta fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Publicidad Exterior.

Fuente: El Universal